Un informe privado estimó que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrían haber recibido unos $784.290 millones adicionales entre enero y julio de 2026 si parte de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles líquidos se hubiera distribuido de acuerdo con los coeficientes de coparticipación federal.
El cálculo fue realizado por la consultora Galois y toma como referencia el 35,44% del impuesto que actualmente tiene asignaciones específicas vinculadas con infraestructura hídrica, transporte e inversiones relacionadas con el sistema vial.
La discusión cobra relevancia en medio de los reclamos provinciales por el deterioro de las rutas nacionales y luego de conocerse que una parte de los recursos destinados a infraestructura permanece colocada en inversiones financieras bajo administración del Ministerio de Economía.
Cuánto habría recibido cada provincia
De acuerdo con el ejercicio realizado por la consultora, entre enero y julio la recaudación acumulada por el impuesto a los combustibles alcanzó los $3,839 billones. Luego de descontar el porcentaje correspondiente a ARCA, unos $1,334 billones representarían el 35,44% analizado.
Aplicando los coeficientes de coparticipación, unos $784.290 millones habrían correspondido al conjunto de las 24 jurisdicciones.
Buenos Aires encabezaría la distribución con $166.359 millones, seguida por Santa Fe con $67.704 millones y Córdoba con $67.266 millones.
En el caso de La Pampa, el cálculo indica que habría recibido aproximadamente $14.227 millones durante el período analizado.
También aparecen Chaco, con $37.792 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; Santiago del Estero, $31.298 millones; Salta, $29.037 millones; Corrientes, $28.161 millones y Formosa, $27.578 millones, entre otras jurisdicciones.
De dónde surge el 35,44%
El porcentaje utilizado para realizar el cálculo surge de tres asignaciones específicas del impuesto a los combustibles.
Un 4,31% corresponde al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, otro 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y un 2,55% al sistema de compensación del transporte público.
El resto de los recursos provenientes del tributo tiene otros destinos, entre ellos el Tesoro Nacional, el Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.
Desde Galois aclararon que el cálculo busca dimensionar cuánto representarían esos fondos para las provincias si fueran transferidos directamente, aunque no reproduce exactamente la propuesta presentada por los gobernadores durante 2025.
Fondos para infraestructura, bajo la lupa
La controversia se profundizó luego de conocerse que recursos correspondientes al SisVial, componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, permanecían colocados en inversiones financieras.
Según la información publicada, al cierre de mayo había más de $1 billón en esa situación.
El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que esos recursos son computados dentro de las cuentas utilizadas por el Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal.
La situación volvió a generar cuestionamientos de las provincias, que desde hace meses advierten sobre el deterioro de las rutas nacionales y reclaman mayores inversiones en mantenimiento, reparación y obras de infraestructura vial.
El antecedente del reclamo de los gobernadores
La disputa por estos recursos ya había llegado al Congreso durante 2025. Los gobernadores impulsaron entonces una iniciativa para modificar la distribución del impuesto a los combustibles y eliminar diferentes fondos y asignaciones específicas.
El proyecto proponía elevar al 57,02% la participación correspondiente a las provincias. De ese porcentaje, un 25% debía distribuirse en partes iguales y el 75% restante mediante los coeficientes establecidos por la Ley 23.548.
La propuesta consiguió una amplia mayoría en el Senado, donde fue aprobada por 56 votos contra uno. Sin embargo, en Diputados obtuvo 126 votos y quedó a tres de los 129 que la presidencia de la Cámara consideró necesarios para avanzar con la modificación.
Mientras tanto, la discusión vuelve a instalarse en torno a un punto central: el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles frente al creciente reclamo por el estado de las rutas nacionales.
