El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión privada, en una iniciativa que busca impulsar obras de infraestructura sin incrementar el gasto público.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones.
Según explicó el funcionario, esta nueva fase comprende casi 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores estratégicos que atraviesan provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
Desde el Gobierno sostienen que el programa permitirá mejorar la infraestructura vial a través de capital privado, ya que los corredores incluidos concentran alrededor del 80% del tránsito que circula por la red nacional.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que esta etapa representa un nuevo avance en el proceso de concesión de la red troncal de transporte y destacó que participaron 21 oferentes, que presentaron 48 propuestas económicas.
El avance del plan coincide con las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores por la continuidad de distintas obras de infraestructura y la distribución de recursos entre Nación y las provincias.
En ese marco, el Ejecutivo busca impulsar un esquema en el que las obras sean financiadas principalmente mediante concesiones o inversión privada, limitando la participación directa del Estado nacional.
No obstante, el alcance del programa genera interrogantes. La Red Vial Nacional supera los 40.000 kilómetros, mientras que el esquema de concesiones contempla poco más de 9.000 kilómetros. Esto implica que una parte importante de las rutas continuará dependiendo del mantenimiento y las obras que realice el Estado.
Especialistas señalan que muchos de esos corredores presentan bajo nivel de tránsito, por lo que no resultan rentables para el sector privado y seguirán requiriendo inversión pública para garantizar su conservación y funcionamiento.
La iniciativa reabre el debate sobre el futuro de la obra pública en el país y el papel que tendrán tanto el Estado como el sector privado en el desarrollo de la infraestructura vial durante los próximos años.
