El exasesor de Javier Milei está acusado de tentativa de feminicidio contra su pareja, Nadia Beller. La Fiscalía pidió prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre el ataque y la posible participación de otras personas.
La Justicia boliviana define este viernes la situación procesal de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, acusado de haber participado en la planificación del ataque contra su pareja, Nadia Beller, ocurrido esta semana en Santa Cruz de la Sierra.
Cerimedo fue trasladado bajo custodia policial hasta el Palacio de Justicia de esa ciudad para participar de la audiencia en la que se resolverá si continúa detenido mientras avanza la investigación. La Fiscalía solicitó que se le dicte prisión preventiva por el delito de tentativa de feminicidio.
Beller también participa de la audiencia, aunque de manera remota desde la clínica donde permanece internada desde el ataque. La mujer difundió en sus redes sociales imágenes de las lesiones sufridas y mostró que seguía el desarrollo de la audiencia desde su habitación.
El acusado permanece detenido desde la madrugada del martes. La Fiscalía pidió que continúe privado de su libertad y planteó como alternativa un plazo de 180 días de prisión preventiva, el máximo contemplado por la legislación boliviana para este tipo de medida.
Qué sostiene la acusación
De acuerdo con la imputación presentada por los fiscales que intervienen en el expediente, Cerimedo habría tenido un rol en la planificación del ataque y sería, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa de la causa, autor intelectual y mediato de una tentativa de feminicidio.
La hipótesis de los investigadores sostiene que el acusado habría convencido a Beller de trasladarse hasta el hotel Swissotel de Santa Cruz de la Sierra bajo la promesa de que allí tendría seguridad y custodia.
Según la Fiscalía, las comunicaciones incorporadas a la investigación permitirían sostener que Cerimedo habría seguido a distancia los movimientos previos y el desarrollo del ataque perpetrado por terceros.
Los investigadores también señalaron que Beller se encontraba cursando un embarazo de aproximadamente cuatro semanas y analizan si los conflictos de la pareja vinculados con esa situación pudieron estar relacionados con el móvil del hecho.
Por el momento, se trata de la hipótesis de la acusación y deberá ser probada durante el proceso judicial.
La defensa rechaza las acusaciones
La defensa de Cerimedo cuestionó varios de los elementos incorporados a la causa. Su abogada, Margarita Arce, difundió una serie de aclaraciones atribuidas al acusado, quien negó haber intentado escapar de Bolivia después del ataque.
La Fiscalía sostiene lo contrario y considera que existía riesgo de fuga debido a que Cerimedo tenía un pasaje para viajar desde el aeropuerto de Viru Viru hacia Buenos Aires el 17 de agosto.
El acusado también rechazó versiones sobre el supuesto hallazgo de un millón de dólares durante los procedimientos realizados por los investigadores y negó que se hubieran encontrado teléfonos satelitales o dispositivos destinados al funcionamiento de redes de bots. Según su defensa, los equipos secuestrados eran módems de Internet.
La investigación suma detenidos
Mientras se desarrolla la audiencia, la investigación sobre los autores materiales del ataque continúa abierta.
La fiscal Yolanda Aguilera confirmó la detención de al menos otra persona con el objetivo de obtener información que permita identificar y localizar a quienes ejecutaron la agresión. Medios bolivianos informaron, a partir de fuentes oficiales, sobre dos arrestos y el hallazgo de dos cascos que podrían haber sido utilizados por los atacantes.
Los investigadores buscan ahora reconstruir la participación de cada una de las personas involucradas y determinar si existe evidencia que vincule esos elementos con el ataque.
La resolución de la audiencia será clave para definir la situación inmediata de Cerimedo. Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa y las acusaciones formuladas por la Fiscalía todavía no implican una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad penal.
