El Gobierno nacional prepara un nuevo proyecto de ley con una amplia batería de reformas orientadas a flexibilizar regulaciones en distintos sectores de la economía. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, aún se encuentra en revisión y deberá ser enviada al Congreso para su tratamiento.
El paquete contempla modificaciones en áreas como la venta de medicamentos, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, la actividad inmobiliaria, los arrendamientos rurales, la navegación fluvial, la vitivinicultura y el funcionamiento de cooperativas.
Entre los cambios más relevantes figura la habilitación para que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en góndolas y mediante plataformas de venta online con entrega a domicilio, una medida que el Gobierno ya había intentado implementar a través del DNU 70/2023.
La iniciativa también propone eliminar el precio uniforme de los libros, permitiendo que cada comercio establezca libremente sus valores y promociones, y desregular el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), dejando la fijación de precios en manos del mercado y limitando la intervención estatal a cuestiones de seguridad.
En materia financiera, el proyecto busca modernizar el régimen de garantías para facilitar el acceso al crédito. Entre otras medidas, incorpora la posibilidad de utilizar activos virtuales, como criptomonedas, como respaldo de operaciones, además de promover el uso de firmas digitales, contratos inteligentes y un registro unificado de garantías.
El sector agropecuario también quedaría alcanzado por las reformas. El Gobierno propone derogar la ley de arrendamientos rurales para que propietarios y productores puedan acordar libremente las condiciones de los contratos, incluyendo plazos, valores y modalidades de pago.
Otro de los puntos del proyecto apunta a modificar el régimen de navegación y cabotaje, habilitando una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte interno, con el argumento de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad.
En el mercado inmobiliario, la propuesta elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, permitiendo que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
Además, el texto redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), prevé la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), flexibiliza las exigencias para las traducciones oficiales en trámites administrativos y establece que las cooperativas con excedentes superiores a 500 millones de pesos anuales comiencen a tributar el impuesto a las ganancias.
Aunque en una primera versión del proyecto se contemplaba solicitar al Congreso facultades delegadas para avanzar con nuevas desregulaciones por decreto, desde la Casa Rosada descartaron esa posibilidad y aseguraron que el pedido fue retirado durante la revisión final del texto.
