El Gobierno nacional aprobó un nuevo reglamento para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que comenzará a regir desde este año e introduce cambios en las modalidades de becas, el régimen de licencias, la carga horaria y los criterios de ingreso. La medida fue oficializada a través de la Resolución 542/2026, publicada en el Boletín Oficial, junto con anexos que establecen el marco normativo actualizado y el modelo de convenio para residentes y jefes de residentes.
La normativa reemplaza al reglamento aprobado en julio de 2025, que había quedado sin efecto tras la Ley de Emergencia Sanitaria y en un contexto de revisión del sistema de ingreso a residencias. Esa revisión se aceleró luego de las irregularidades detectadas en el Examen Único nacional del año pasado, lo que derivó en un rediseño del esquema hacia instancias de evaluación descentralizadas.
Según informó el Ministerio de Salud, el nuevo reglamento apunta a unificar criterios de contratación, mejorar la previsibilidad del sistema y reforzar el carácter formativo de las residencias. En ese marco, se establece una única modalidad de contratación: la Beca Nacional de Residencias de la Salud.
Hasta ahora coexistían distintas modalidades, entre ellas la “Beca Institución”, elegida por la mayoría de los residentes que ingresaron en 2025. Con el nuevo esquema, todos los profesionales que comiencen su residencia en establecimientos nacionales o en instituciones con convenio recibirán una beca financiada por el Estado nacional, con la posibilidad de que las entidades formadoras otorguen complementos económicos.
El reglamento también fija que las instituciones deberán cubrir el seguro de salud, los accidentes personales y la responsabilidad civil, incluida la mala praxis, sin que estos conceptos impliquen descuentos sobre la beca. Además, se aclara que la beca tiene carácter formativo y no configura una relación laboral ni se encuadra como empleo público.
Quienes ya se encuentren cursando una residencia podrán optar por continuar bajo las condiciones vigentes al momento de su ingreso o adherir al nuevo régimen, sin afectar la continuidad de su formación.
En relación con las licencias, la normativa amplía las situaciones contempladas. Se mantiene la licencia anual de tres semanas —con un máximo de dos consecutivas— y las licencias por maternidad, paternidad y enfermedad. A esto se suman licencias por enfermedad o fallecimiento de familiares y la posibilidad de solicitar permisos por situaciones no previstas, que deberán ser evaluadas por cada institución.
En cuanto a la jornada, se mantiene un máximo de 45 horas semanales, con al menos una guardia semanal de hasta 24 horas y un tope de ocho guardias mensuales. Las guardias deberán distribuirse entre días hábiles y fines de semana o feriados, y tras cada guardia el residente cumplirá media jornada.
El reglamento también refuerza el esquema de supervisión progresiva: durante el primer año será directa en todas las prácticas, mientras que en etapas posteriores podrá ser indirecta según el nivel de formación, aunque volverá a ser directa ante procedimientos nuevos o de mayor complejidad.
El ingreso al sistema continuará realizándose mediante concursos públicos y abiertos, pero con un esquema descentralizado: cada jurisdicción tomará sus propios exámenes con criterios definidos localmente, mientras que la Nación mantendrá el financiamiento de los cupos en instituciones bajo su órbita.
Se mantiene la prioridad para egresados de universidades argentinas, quienes recibirán cinco puntos adicionales en el orden de mérito. Además, a partir de 2027, los profesionales formados en el exterior solo podrán acceder a residencias si provienen de instituciones con estándares de acreditación equivalentes a los reconocidos internacionalmente.
La normativa también detalla los requisitos para la toma de cargo, como la presentación del título, matrícula, apto psicofísico y certificado de antecedentes penales, y establece un plazo máximo de tres meses para formalizar el ingreso. Para promover de año, los residentes deberán cumplir con al menos el 80% de asistencia y los objetivos académicos establecidos.
El nuevo reglamento reafirma el carácter educativo de las residencias, con programas formativos estructurados, evaluaciones periódicas y criterios de promoción definidos. La continuidad en el sistema dependerá del cumplimiento de esos objetivos, con instancias de revisión previstas en caso de desacuerdo con las evaluaciones.
Los cambios forman parte de un proceso más amplio de reorganización del sistema de residencias iniciado en 2025, cuando el Gobierno dejó sin efecto el Examen Único nacional tras detectarse irregularidades, entre ellas el intento de un postulante de obtener ventaja mediante el uso de dispositivos electrónicos.
Según el Ministerio de Salud, el objetivo es fortalecer el rol de las provincias en la formación de profesionales, adaptando los programas a sus necesidades sanitarias, mientras la Nación se enfoca en el financiamiento de becas y en la definición de estándares generales.
